El Pleno del Congreso ha decidido este martes 6 de febrero iniciar la tramitación de la Proposición de Ley destinada a garantizar el servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera. Esta iniciativa, presentada por el Parlamento de Cataluña, ha sido recibida con un amplio respaldo, sumando 312 votos a favor y solo 33 en contra, reflejando el consenso sobre la necesidad de abordar la creciente problemática de la exclusión financiera.
La propuesta, defendida por una delegación de diputados autonómicos compuesta por Jordi Orobitg (Esquerra Republicana), Jordi Munell (Junts) y Joan Carles Gallego (En Comú Podem), pone de manifiesto la realidad insoslayable a la que se enfrentan numerosos ciudadanos, especialmente los colectivos más vulnerables, debido al cierre constante de oficinas bancarias y cajeros automáticos en la última década. Esta situación ha llevado a un debate doctrinal en el que se considera el acceso a los servicios bancarios no solo como una actividad mercantil sino como un derecho ciudadano fundamental, lo que implica una responsabilidad de los poderes públicos para garantizar dicha inclusión financiera.
La proposición de ley centra su objetivo en «el establecimiento del régimen de garantía de la prestación del servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera y la garantía del acceso a los servicios bancarios». De este modo, se busca asegurar que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, tengan acceso a servicios bancarios básicos a través de cajeros automáticos cercanos.
El Título I de la ley detalla el derecho de acceso a los servicios bancarios por medio de estos dispositivos, estableciendo que cada municipio o barrio identificado en situación de riesgo debe contar al menos con un cajero automático. Así mismo, el Título II aborda la identificación de estos municipios y diferencia entre instalaciones de cajeros automáticos de carácter voluntario y obligatorio, mientras que el Título III consolida el derecho a la garantía de acceso a los servicios bancarios.
La tramitación parlamentaria de esta ley supone un proceso detallado, comenzando por su aprobación en el Pleno, seguido de la presentación y debate de enmiendas, tanto a la totalidad como al articulado, para finalmente, tras superar todas las etapas en el Congreso, continuar su camino en el Senado.
Esta iniciativa legislativa emerge como una respuesta a la creciente demanda de servicios financieros accesibles y equitativos, abordando el desafío de la exclusión financiera con una propuesta concreta que promete transformar el paisaje bancario español, especialmente en aquellas zonas más afectadas por el cierre de sucursales bancarias y la retirada de cajeros automáticos, asegurando que la inclusión financiera se convierta en una realidad palpable para todos los ciudadanos.