En un escenario de creciente confrontación institucional, el Gobierno de España ha optado por llevar ante el Tribunal Constitucional la ley para eliminar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones presentada por el PP en el Senado, acusando a la cámara alta de exceder sus competencias legislativas. Este conflicto de atribuciones subraya una disputa no solo legal sino profundamente política, que pone en entredicho los límites entre la iniciativa legislativa del Parlamento y el control ejecutivo sobre las finanzas públicas.
La proposición de ley en cuestión, promovida por el Parlamentario Popular, propone la eliminación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, una medida que, según el Gobierno, supondría una reducción significativa de los ingresos presupuestarios sin su conformidad. Este movimiento legislativo ha sido interpretado por el Ejecutivo como un desafío directo a su prerrogativa de asegurar la estabilidad presupuestaria, en un momento en que la economía española enfrenta múltiples problemas.
El informe presentado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública revela que la derogación del impuesto implicaría una merma estimada de 2.800 millones de euros para las arcas públicas, además de comprometer la capacidad del Estado para compensar a las comunidades autónomas por la recaudación perdida. A pesar de estos argumentos, la Mesa del Senado mantuvo su posición, desoyendo la disconformidad del Gobierno y procediendo con la tramitación de la proposición.
La decisión del Consejo de Ministros de llevar este asunto ante el Tribunal Constitucional no solo es una medida legal sino un claro mensaje político, que subraya la creciente polarización de los poderes públicos. Esta acción refleja la tensión entre la necesidad de mantener la disciplina fiscal del Gobierno y el deseo de algunas comunidades autónomas de reducir la carga tributaria.
La acusación de vulneración del artículo 134.6 de la Constitución plantea serias preguntas sobre el futuro de la política presupuestaria en España y la autonomía de las cámaras legislativas para proponer cambios significativos sin el aval del Gobierno. Este episodio no solo destapa las fisuras en el delicado equilibrio de poderes en España sino que también anticipa una batalla legal e institucional que podría redefinir las reglas del juego político y presupuestario en el país.
En última instancia, el conflicto planteado ante el Tribunal Constitucional es un reflejo de que las disputas políticas trascienden el debate parlamentario para instalarse en el ámbito judicial, con implicaciones que van más allá del caso específico del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, abriendo el debate sobre la capacidad del Gobierno para dirigir la política fiscal y económica del país frente a una oposición que busca redefinir los límites de su autonomía legislativa.